El reclutamiento de niños para delinquir no es una expresión de pequeños grupos dentro de la Policía Bonaerense. Es la lamentable característica de las fuerzas de seguridad que como método de control social y represivo han impuesto sobre los expulsados del sistema, que para muchos son los sobrantes de la sociedad. Vale la pena recordar que su materialización máxima llegó con la dictadura militar, pero en democracia alcanzó su cenit durante la década de 1990. El pacto entre la política y la corporación uniformada derivó en la exacerbación del autogobierno policial y en la creación de profundas redes delictivas en su seno. La misión de ese pacto fue mantener a raya la nueva realidad con millones de argentinos expulsados del trabajo, la salud, la educación y la cultura.
El Estado no se retiraba sino que se hacía presente expresando el perfil autoritario, represor y regulador del delito. El pacto político-corporativo estructuró una policía que no estaba destinada a la prevención y persecución del delito, sino a aquella misión que señalábamos. Ahí se encuentra la profunda razón de su desprofesionalización, de su ineficaz labor, sus bajos sueldos y su lamentable preparación.
Esta compleja, injusta y dura realidad que describimos emerge como una gran deuda de la democracia. Lamentablemente, en estos últimos años vimos nuevamente florecer estas políticas de seguridad llamadas de mano dura o tolerancia cero, pero que centralmente son de un auto-gobierno policial, de ocupación territorial para manejar los barrios de la peor manera, desertando el poder civil de la conducción de la seguridad pública y comunitaria. Nuevamente el pacto político-corporativo amparando la impunidad protege ilegalidades y viola Derechos Humanos.
La Comisión por la memoria (CPM)*, una institución pública de la que somos parte, autónoma de cualquier partido y gobierno, donde confluyen integrantes de todo el arco político, de las principales iglesias y credos, de organismos de Derechos Humanos y sindicales, ha sostenido en su último informe anual que “los promotores de la demagogia punitiva ocultan su ineficiencia en la prevención y persecución del delito pidiendo más mano dura. Y una vez iniciada la escalada ocultan su inutilidad con otras medidas, instalando nuevas demandas autoritarias en un círculo sin fin que lleva al achicamiento del Estado de Derecho, con riesgos de vida del propio sistema de juego democrático”.
Los cambios realizados en estos días en la cúpula bonaerense sólo reflejan la utilización del reclamo social ante los asesinatos de pibes para ajustar cuentas internas, pero en esencia consolidan las políticas que describimos y criticamos, ocultando la razón profunda y negando una vez más el cambio que la provincia, nuestros pibes y el pueblo necesitan.
Hay que parar la masacre de nuestros pibes. Para eso se necesita que haya investigación judicial autónoma, juzgar a quienes apretaron los gatillos y a quienes ordenaron o planificaron disparar. Ello exige iniciar un profundo cambio del sistema de seguridad desde una visión integral de paradigma social. Que siga habiendo chicos que para vivir recorran a paso forzado los basurales, no sólo habla mal del poder político sino de toda la sociedad.
Ante la gravedad de los hechos, la reforma que impulsamos revela medidas urgentes que necesitan de la voluntad política del oficialismo y la oposición, recuperando la conducción de la seguridad por parte del poder civil, terminando con el autogobierno de las fuerzas de seguridad, creando instrumentos de recolección y evaluación de información que permitan planificar la política pública de seguridad comunitaria, con controles externos civiles sobre las fuerzas de seguridad, y creando una policía judicial dependiente de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia y no de la policía misma.
Luchamos por una seguridad comunitaria que sea un derecho de todos.
